Crisis de salud en Colombia provoca denuncia pública

SINTRASSACOL
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES SECTOR SALUD EN COLOMBIA
Subdirectiva Pamplona
PERSONERIA JURIDICA 18 DE SEPTIEMBRE 2013
NIT. 900.671.148-4

Pamplona, 29 de Abril de 2019

DENUNCIA PÚBLICA
SINTRASSACOL, Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud en Colombia, Seccional Pamplona, Denuncia Públicamente al Gobierno Nacional en Cabeza del Presidente de La República, el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia Nacional de Salud , La Contraloría General de la República, las Personerías Municipales y la Procuraduría General de la Nación, los Gobernadores de cada Departamento del territorio Colombiano, los Alcaldes y los entes de Control y Vigilancia de Salud Departamentales, por los siguientes hechos.


La Declaración Universal de los Derechos Humanos (diciembre de 1948), señala en las primeras líneas del artículo 25 que: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (…).”
En consonancia con lo anterior, la Constitución Política de Colombia también define en el artículo 49 que: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.”

Pese a dichos preceptos filosóficos y normativos, de carácter Internacional y Nacional, el Sistema de Salud en Colombia desde hace muchos años pareciera provocar más muertes que cualquier guerra o conflicto armado. Esto se ha visto reflejado en múltiples casos de lo que en nuestro País se ha dado por llamar, de forma coloquial pero dramática y desesperada, el “paseo de la muerte”, que a pesar de diversas denuncias no ha generado a la fecha ningún cambio real ni concreto al Sistema de Salud.

La realidad se empeña en demostrar que pareciera no haber límite para los atropellos cotidianos del que son víctimas los usuarios del sistema en asuntos como las demoras de autorizaciones para poder acceder a diferentes servicios requeridos como citas con especialistas, programación de cirugías y tantos otros procedimientos que se necesitan para procurar salvaguardar la integridad y la vida de cada uno de los colombianos que actúan como usuarios del Sistema de Salud en Colombia.

Como complemento de este desolador panorama, los trabajadores del sector salud se han visto enfrentados a una especie de fuego cruzado al ser expuestos a una reiterada violación de sus derechos laborales, derechos vulnerados al no recibir el pago de su Mínimo Vital y Móvil, en conexidad con la vida, pese que cada día cumplen con la labor en la atención de los usuarios que llegan a las diferentes empresas de Salud, sean Clínicas u hospitales, pues para nadie es un secreto el detrimento que las E.P.S. del país vienen causando a los diferentes prestadores que estas contratan para la atención de aquellos usuarios que han depositado su confianza en el sistema, lo que incluye también el que debiese ser un adecuado y trasparente manejo de los recursos que se destinan para tal fin.

Para citar un caso en particular, y a manera de escueta contextualización, esta es una historia que inicia con la intervención ordenada y ejecutada por el Gobierno el 11 de Mayo del 2011 mediante Resolución 0801 a la E.P.S. Saludcoop, que fuera una de las entidades más grandes del sector en el país, llegando a gozar de reconocimiento por los estándares de calidad que manejaba, además del bienestar Social que impulsaba al generar aproximadamente 33.000 empleos en Colombia, bajo los mejores parámetros de contratación al brindar estabilidad laboral y seguridad a los trabajadores que allí se desempeñaban, lo cual repercutía también en la calidad de vida de sus familias.

En el transcurso de esta Intervención se nombraron agentes interventores como el caso del señor Guillermo Grosso (actualmente privado de la libertad) debido a comprobados casos de corrupción, desencadenándose con ello el detrimento de todas las empresas del Grupo Saludcoop, sin que se lograran mantener los estándares de calidad tanto para usuarios como para sus trabajadores.

Estas y otras situaciones donde las sospechas de corrupción estuvieron presentes condujeron finalmente a un proceso final de liquidación de la E.P.S., lo que desencadenó la tragedia de alrededor 33.000 trabajadores del sector salud, ocasionando en varios de ellos fuertes traumatismos por la afectación de sus vidas personales y la inestabilidad generada para cumplir con compromisos familiares y de otras índoles, ante la incertidumbre surgida y hasta la imposibilidad de no poder ingresar a sus lugares de trabajo, a pesar de llevar varios años desempeñándose en los mismos

Esta situación, cruel, ha repercutido notoriamente en aspectos morales y económicos de muchos de esos trabajadores, a pesar de las reclamaciones hechas a los entes administrativos y de control como el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, obligados a ofrecer garantías y a no permitir la vulneración de los derechos a que haya lugar. El silencio pareciera ser la respuesta durante estos años.

A la fecha La Superintendencia Nacional de Salud no ha ejecutado ninguna solución real para los hechos que se presentan día a día, tanto para los usuarios como para el gremio trabajador, pues el panorama sigue siendo desalentador y las quejas son la constante.
Es muy bonito ver todos los requisitos plasmados en el papel a la hora de pretender poder trabajar bajo estándares de habilitación y calidad, pero en realidad pareciera esto convertirse en una especie de utopía, porque los recursos que las E.P.S deben hacer llegar a clínicas y hospitales tienen un cuello de botella en la parte que el sistema tiene muchas dilataciones para hacer llegar los dineros alas Empresas Prestadoras de servicios.

Esta Situación tiene al borde del colapso a más de una entidad prestadora de servicios de salud en Colombia, con las consabidas consecuencias que esta situación genera para ofrecer atención con calidad a los usuarios y dar cumplimiento a los derechos laborales de sus trabajadores.

Si se revisa con lupa el caso de la E.P.S. Cafesalud, cuyos usuarios fueron trasladados a otra entidad, a la fecha el ´hueco´ o deuda financiera incalculable adquirida ante los prestadores del servicio que tenía contratados para garantizar atención a sus usuarios, sigue vigente, sin pagarse ni resolverse y prácticamente condenando a la quiebra a tales prestadores, pues varias instituciones han tenido que cerrar sus puertas ocasionando un impacto social grande.

Situaciones de este orden resultan vergonzosas para un Estado como el colombiano, donde las acciones del gobierno han sido mínimas para dar vuelta a esta grave circunstancia de carácter social y donde se ha permitido la quiebra de los prestadores del servicio. Ahora se escucha hablar de una posible ley de Punto final que terminaría, seguramente, alcahueteando o patrocinando la actitud de las E.P.S., favoreciendo a los grupos económicos dueñas de estas, y en detrimento de las empresas prestadoras del servicio, de los usuarios en general. Y con ello todo el Gremio de Trabajadores del Sector Salud de estas Empresas

No se puede permitir una especie de “borrón y cuenta nueva”, como la que se pretende ahora impulsar desde algunos sectores, pues los responsable personales y corporativos de los malos manejos de dineros deben responder por sus nefastas actuaciones.
En tal sentido, exigimos se analice la problemática en su real dimensión y se adopten las medidas del caso, donde se consolide el pago de las acreencias a todos los trabajadores vulnerados a la fecha, se optimice al máximo la prestación de los servicios, pues nos lo merecemos, ya que somos ciudadanos, honestos y trabajadores aportantes al sistema.

También le exigimos al Gobierno Nacional, como trabajadores de la salud, reevaluar y solucionar esta situación con el único fin de tener como resultado el que se pueda prestar una atención a nuestros usuarios con los más altos estándares de calidad. Para ello se hace necesario, entre otras condiciones, lograr brindar a los trabajadores de la salud contratación y salarios dignos. No se trata de invento alguno nuestro, sino de reclamar y hacer valer los derechos consagrados a nivel Nacional e Internacional. Es obligación del Estado velar por el cumplimiento del caso.

Cabe recordar que en la ciudad de Cúcuta la Clínica La Salle fue cerrada por no cumplir con estándares para prestar servicios, enviando a sus trabajadores a las casas sin cumplirle con el pago de salarios ni de Seguridad Social, mucho menos el pago de sus cesantías. ¿Dónde están los encargados de hacer cumplir la ley y no permitir la vulneración de derechos ? ¿Será que el pueblo es lo que menos importa al gobierno? ¿Será que las leyes en Colombia solo se hicieron para no cumplirlas y tener que vernos sometidos, en el día a día, a los intereses de los grandes grupos económicos, y los frecuentes casos de corrupción, sin que nadie haga algo?

SINTRASSACOL hace un llamado Urgente a los Organismos Internacionales para que nos apoyen, para que se investigue el flagelo Colombiano representado en un Sistema de Salud que a la fecha no dignifica ni al trabajador ni a los usuarios.
La Salud es un derecho Constitucional. El Trabajo debe dignificar al hombre, pero en Colombia pareciese vivirse sólo de la violación de los Derechos Laborales, de los derechos fundamentales contemplados en nuestra Constitución Política.

SINTRASSACOL exige al gobierno Nacional soluciones inmediatas ante la masacre laboral generada tras los procesos de intervención y liquidación de Saludcoop E.P.S., además de exigir a los entes de control velar y salvaguardar la integridad de todos los trabajadores de Colombia.

YLIANA MONTES FIGUEROA
Presidente SINTRASSACOL Sub Directiva Pamplona

 

Documento en formato pdf para difundir… Denuncia publica

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *